
Entendemos que esta norma puede ser declarada inconstitucional porque perjudica justamente a los trabajadores que ya iniciaron juicio para cobrar lo que les corresponde. Mientras otros créditos laborales se actualizan plenamente, el artículo 55 impone límites y reducciones sobre los juicios en trámite, provocando que el trabajador cobre menos frente a la inflación y la demora judicial.
En términos simples: castiga al trabajador que reclamó judicialmente y beneficia al empleador que no pagó a tiempo.
Por eso consideramos que podría violar principios básicos de la Constitución Nacional, como:
- Igualdad ante la ley (art. 16)
- Derecho de propiedad sobre el crédito laboral (art. 17)
- Acceso real a la justicia (art. 18)
- Protección especial al trabajador (art. 14 bis)
En consecuencia, ante semenjantes violaciones de derechos fundamentales, los jueces podrían dejar de aplicar esta norma en casos concretos de oficio o a pedido de parte.
