En una sentencia de gran relevancia, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 42 hizo lugar a una demanda por despido y condenó solidariamente a la empresa empleadora y a dos de sus directivos a abonar una significativa suma en concepto de indemnizaciones tarifadas, diferencias salariales y, lo que es más destacable, una indemnización por daños y perjuicios derivados de la falta de registración laboral, a pesar de la vigencia de la Ley 27.742 (conocida como “Ley Bases”).

El fallo (Sentencia del 4 de noviembre de 2025 en el expediente Nro. 34367/2025) se destaca por:

1. Aplicar el principio general de responsabilidad civil (alterum non laedere) para resarcir el daño de la registración irregular, sorteando la derogación de las indemnizaciones tarifadas de la Ley Nacional de Empleo.

2. Otorgar naturaleza salarial a las sumas pactadas como “no remunerativas” en el convenio colectivo.

3. Establecer un criterio preciso para la extensión de responsabilidad a los socios y administradores.

4. Declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 para permitir la actualización monetaria de los créditos laborales mediante el IPC + 3% anual.

Análisis de los Puntos Más Salientes

1. Daños y Perjuicios por Registración Irregular Superando la Ley Bases

Este es el aspecto más significativo de la sentencia. El actor reclamaba, entre otros conceptos, la indemnización agravada por falta de registración prevista en la derogada Ley Nacional de Empleo. El juez reconoció que los arts. 99 y 100 de la Ley 27.742 derogaron expresamente esas indemnizaciones tarifadas.

Sin embargo, el tribunal realizó un análisis fundamental: la derogación de la tarifa no implica la eliminación del hecho ilícito ni del deber de reparar.

• Fundamento en la Responsabilidad Civil: El fallo aplica el principio alterum non laedere (no dañar a otro), consagrado en el artículo 19 de la CN y en el Código Civil y Comercial (art. 1716 y ss.). Sostiene que la obligación de registrar correctamente la relación laboral es un deber contractual y legal, y su incumplimiento constituye un acto ilícito que genera un daño.

• Daño Notorio: El juez consideró que el daño sufrido por un trabajador con registración irregular (total o parcial) es “notorio y evidente”. Entre estos daños, menciona la imposibilidad de computar aportes jubilatorios completos, el acceso restringido a servicios de salud, dificultades para obtener créditos, etc.

El juez consideró que el daño sufrido por un trabajador con registración irregular (total o parcial) es “notorio y evidente”. Entre estos daños, menciona la imposibilidad de computar aportes jubilatorios completos, el acceso restringido a servicios de salud, dificultades para obtener créditos, etc.

• Cuantificación Equitativa: Al no existir una tarifa legal y no haberse acreditado un daño específico mayor, el magistrado consideró “razonable y equitativo” fijar la indemnización por daños patrimoniales y no patrimoniales en un monto equivalente al duplo de la indemnización por antigüedad (art. 245 LCT).

Conclusión

Esta sentencia del Juzgado Nacional del Trabajo N° 42 es un faro jurisprudencial en el escenario posterior a la Ley Bases. Demuestra con solvencia técnica que la derogación de las indemnizaciones tarifadas no implica una amnistía para el empleador que incumple sus obligaciones registrales y que la vía de los daños y perjuicios del derecho común se erige como una herramienta fundamental para resarcir la falta de registración, incluso después de la Ley Bases. La clave estará en invocar y, en lo posible, acreditar los perjuicios concretos sufridos por el trabajador.

El fallo reafirma:

• La vigencia del principio de reparación integral de los daños.

• La primacía de la realidad y la naturaleza salarial de las contraprestaciones.

• La responsabilidad personal de los administradores que, con su acción u omisión, permiten o fomentan la precarización laboral.

Para los trabajadores y sus representantes, este precedente subraya la importancia de fundamentar estratégicamente las demandas, invocando no solo las normas laborales sino también los principios generales del derecho civil y constitucional para obtener una justa reparación.

Responsable del artículo

Dr. Lucas Matías Vilaplana, ABOGADO, Matriculado activo en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro desde el año 2001 y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el año 2002. Asistencia legal en Derecho Laboral desde el año 2001.

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