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La toma de decisiones legales en la era de Internet y la inteligencia artificial requiere más que información: requiere criterio profesional
El valor insustituible del asesoramiento profesional
Vivimos en una época de acceso instantáneo a la información. Internet, buscadores, redes sociales y herramientas de inteligencia artificial prometen respuestas inmediatas sobre prácticamente cualquier tema, incluidas las cuestiones jurídicas.
Ante una duda legal, muchas personas recurren primero a Google, foros en línea, publicaciones en redes sociales o sistemas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, convencidas de que allí encontrarán una solución suficiente y gratuita para su problema.
Sin embargo, en el ámbito del derecho, el exceso de información no solo no garantiza decisiones acertadas, sino que puede resultar profundamente peligroso. La sobreinformación mal interpretada genera lecturas erróneas, certezas falsas y decisiones apresuradas que, lejos de resolver un conflicto, terminan agravándolo de manera irreversible.
Como advierte Mo Gawdat —ex director ejecutivo de google— en su obra La inteligencia que asusta:
No es la semilla, es el campo lo que nos convierte en quienes somos.1
En materia legal, esa “semilla” puede ser información correcta, pero sin el “campo” adecuado —el análisis profesional, el contexto, la experiencia— esa información no solo es insuficiente: puede ser peligrosa.
Información no es lo mismo que asesoramiento
Uno de los errores más extendidos en la actualidad es confundir conceptos que, en el ámbito jurídico, son completamente distintos. No es lo mismo acceder a información jurídica general, escuchar opiniones no profesionales o recibir asesoramiento legal profesional.
La información jurídica general —como textos normativos, resúmenes de leyes o respuestas generadas por inteligencia artificial— cumple una función meramente orientativa. Las opiniones que circulan en foros, redes sociales o grupos de WhatsApp, aun cuando se basen en experiencias personales genuinas, tampoco constituyen asesoramiento jurídico. En ambos casos, se trata de contenidos despersonalizados que no contemplan las particularidades de cada situación concreta.
La información jurídica que circula en Internet o es producida por sistemas de inteligencia artificial suele apoyarse en normas desactualizadas, explicaciones simplificadas o casos aislados que no reflejan la complejidad real de los conflictos legales. Estas fuentes no consideran el contexto específico del problema ni las variables humanas, económicas y procesales que resultan determinantes en la práctica profesional. Del mismo modo, las experiencias compartidas por terceros no pueden extrapolarse mecánicamente: cada caso es único y lo que resultó adecuado para una persona, en determinadas circunstancias, puede ser ineficaz o incluso perjudicial para otra.
El asesoramiento legal profesional es algo sustancialmente distinto. No consiste en reproducir información disponible en Google ni en ofrecer respuestas genéricas o estandarizadas. Implica escuchar al cliente, analizar un caso concreto, identificar riesgos que no siempre son evidentes, evaluar la prueba disponible, interpretar la jurisprudencia vigente y orientar la toma de decisiones con criterio técnico y responsabilidad profesional.
A ello se suma un aspecto central que suele pasarse por alto: la estrategia jurídica. El derecho no se ejerce solo con normas, sino con decisiones estratégicas.
El derecho no se ejerce solo con normas, sino con decisiones estratégicas.
Determinar cuándo actuar y cuándo no, qué reclamo formular, qué vía procesal elegir, qué prueba producir y en qué momento, o incluso si conviene negociar antes de litigar, forma parte de una estrategia diseñada específicamente para cada caso.
La inteligencia artificial y la información general no pueden construir esa estrategia porque no conocen el contexto real, los riesgos procesales ni la dinámica concreta de los tribunales.
El abogado no brinda soluciones universales. Estudia la situación particular de cada cliente, aplica la normativa pertinente a ese caso específico, analiza los precedentes judiciales relevantes y valora, con experiencia práctica, las consecuencias jurídicas, económicas y personales de cada alternativa posible. Esa visión estratégica, integral y responsable es lo que diferencia la mera información del verdadero asesoramiento legal.
Los límites reales de la inteligencia artificial en materia legal
La inteligencia artificial representa un avance significativo como herramienta de acceso rápido a la información. Puede resultar útil para comprender conceptos generales, estructurar textos, identificar normas aplicables o incluso redactar borradores de escritos jurídicos. En ese sentido, es innegable su valor como apoyo técnico.
Sin embargo, en el ejercicio profesional del derecho presenta límites claros, concretos e insalvables. Una consulta realizada a una inteligencia artificial se basa exclusivamente en los datos que el propio usuario le proporciona. La IA no puede indagar más allá de esa información; muchas veces no formula preguntas aclaratorias, no duda ni percibe silencios, omisiones o contradicciones. Tampoco comprende el trasfondo emocional, económico o familiar que suele atravesar todo conflicto legal y que resulta determinante para definir una estrategia jurídica adecuada.
Del mismo modo, la inteligencia artificial no evalúa la credibilidad ni el valor probatorio de las pruebas. En el ámbito jurídico, no todos los elementos tienen el mismo peso: un testimonio, un documento o una simple captura de pantalla pueden ser decisivos o irrelevantes según el caso. La IA no puede valorar si una prueba es suficiente, admisible o verosímil ante un tribunal, ni anticipar cómo será apreciada por un juez.
A ello se suma que la inteligencia artificial no pondera criterios judiciales locales ni actualizados. La jurisprudencia es dinámica y los criterios de los tribunales argentinos varían según la jurisdicción, el fuero e incluso el juzgado interviniente. La IA no maneja ese conocimiento práctico ni cuenta con acceso real a bases de datos profesionales especializadas que los abogados utilizan en su labor diaria.
Finalmente, existe una diferencia esencial: la responsabilidad profesional. Un abogado matriculado responde ante su cliente, ante la Justicia y ante el Colegio Público de Abogados. Puede ser sancionado disciplinaria y civilmente por mala praxis. La inteligencia artificial no asume ninguna responsabilidad. Si brinda información errónea y una persona toma una decisión perjudicial basada en ella, en principio, no hay a quién reclamar o el reclamo resulta sumamente complejo.
Como señala Mo Gawdat:
La IA no tiene nada de malo. Por desgracia, si algo está mal, somos nosotros.2
Por tanto, el problema surge cuando se le atribuyen a la IA funciones que no puede ni debe cumplir. La IA puede informar, pero no puede asesorar, acompañar ni asumir las consecuencias jurídicas de sus respuestas.
En materia legal, la responsabilidad profesional, la experiencia práctica acumulada en tribunales reales y el criterio jurídico formado a lo largo de años de litigio siguen siendo elementos absolutamente irremplazables.
En materia legal, la responsabilidad profesional, la experiencia práctica acumulada en tribunales reales y el criterio jurídico formado a lo largo de años de litigio siguen siendo elementos absolutamente irremplazables.
¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al abogado?
La respuesta es clara y contundente: no.
La inteligencia artificial es una herramienta útil para acceder a información, generar borradores o comprender conceptos generales. Pero no puede —ni podrá en el futuro cercano—:
- Analizar en profundidad un caso concreto con todas sus particularidades.
- Asumir responsabilidad profesional, ética y legal por el asesoramiento brindado.
- Evaluar riesgos procesales reales, estrategias de defensa o posibilidades de éxito.
- Acompañar emocional, estratégica y humanamente al cliente durante un conflicto que, muchas veces, es el más importante de su vida.
La inteligencia artificial puede informar; el abogado asesora, decide estrategias, pondera pruebas, anticipa riesgos y asume responsabilidad profesional plena. En materia legal, la responsabilidad, la experiencia acumulada y el acompañamiento humano siguen siendo —y seguirán siendo— irremplazables.
El valor del acompañamiento profesional
El asesoramiento letrado no se limita a responder una pregunta jurídica puntual en una consulta de media hora o una hora. Implica acompañar al cliente en un proceso de toma de decisiones que, habitualmente, está atravesado por incertidumbre, presión emocional, preocupación económica y conflictos familiares o laborales complejos.
El asesoramiento letrado…implica acompañar al cliente en un proceso de toma de decisiones que, habitualmente, está atravesado por incertidumbre, presión emocional, preocupación económica y conflictos familiares o laborales complejos.
El abogado no solo resuelve problemas legales: escucha, contiene, analiza con perspectiva, explica con claridad y orienta con criterio. Traduce el lenguaje técnico a términos comprensibles, anticipa escenarios posibles y brinda seguridad jurídica en momentos de vulnerabilidad.
El objetivo es que el cliente pueda tomar decisiones correctas en momentos críticos. Decisiones que protejan derechos, eviten conflictos innecesarios y aporten claridad en medio de la confusión. El acompañamiento profesional reduce riesgos, evita errores costosos, ahorra tiempo y dinero, y aporta tranquilidad.
Ese acompañamiento resulta especialmente valioso en situaciones complejas: divorcios conflictivos, despidos laborales, contratos de importancia patrimonial, sucesiones familiares, reclamos por daños o conflictos prolongados que pueden impactar de manera significativa en el patrimonio, el trabajo, la salud emocional o la vida personal.
Conclusión: información abundante, decisiones responsables
En la era de Internet y la inteligencia artificial, la información está al alcance de todos. Pero tomar buenas decisiones legales sigue requiriendo algo más: criterio profesional, experiencia real y responsabilidad ética.
Buscar información puede ser un primer paso válido y necesario. Pero no sustituye —ni sustituirá nunca— la consulta profesional ni el asesoramiento personalizado de un abogado matriculado y experto en la materia específica.
Buscar información puede ser un primer paso válido y necesario. Pero no sustituye —ni sustituirá nunca— la consulta profesional ni el asesoramiento personalizado de un abogado matriculado y experto en la materia específica.
Una decisión legal precedida de un buen asesoramiento, protege derechos, previene conflictos futuros, evita consecuencias patrimoniales graves y aporta tranquilidad en momentos difíciles.
El asesoramiento profesional representa una inversión en seguridad jurídica y claridad estratégica. En el ámbito legal, actuar sin respaldo técnico puede generar errores cuya corrección posterior suele resultar significativamente más costosa —en tiempo, recursos económicos y desgaste personal— que una consulta oportuna realizada en el momento adecuado.
Responsable del artículo:
Dr. Lucas Matías Vilaplana, ABOGADO, Matriculado activo en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro desde el año 2001 y en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el año 2002. Titular de Estudio Vilaplana Abogados.