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Le robaron el celular y vaciaron su cuenta de Mercado Pago: la Justicia condenó a Mercado Libre

Tras el robo de un celular, realizaron transferencias fraudulentas por casi $4,7 millones. Un fallo condenó a Mercado Libre. Qué resolvió la Justicia.

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Imagen ilustrativa de un celular con una billetera virtual y transferencias sospechosas, junto a una computadora y una balanza de la justicia.

Un celular robado, una cuenta de Mercado Pago y casi cinco millones de pesos transferidos sin autorización. Lo que comenzó como un hecho de inseguridad terminó convirtiéndose en un conflicto judicial sobre la responsabilidad de las plataformas digitales.

¿Quién debe responder cuando los delincuentes consiguen operar una billetera virtual? ¿Es suficiente que la empresa demuestre que sus mecanismos de seguridad funcionaban correctamente?

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C respondió estas preguntas en una sentencia del 22 de octubre de 2026, en la que confirmó la condena contra Mercado Libre S.R.L. por transferencias fraudulentas realizadas desde una cuenta vinculada a Mercado Pago. También reconoció una indemnización por daño moral a dos de los damnificados. 1

Lo más interesante del fallo: la Justicia responsabilizó a Mercado Libre aunque los afectados no fueron considerados consumidores y aunque las medidas de seguridad disponibles se habían activado durante las operaciones fraudulentas.

Un robo en la calle que terminó con 28 operaciones fraudulentas

El 14 de enero de 2022, una mujer sufrió el robo violento de su teléfono celular. En ese dispositivo tenía instaladas las aplicaciones de Mercado Libre y Mercado Pago, vinculadas a una empresa que administraba junto con su hermano y que se dedicaba a vender matafuegos por internet.

Poco después comenzaron los movimientos sospechosos.

Entre las 19:27 y las 22:25 de esa misma noche se intentaron realizar 42 operaciones por más de $9 millones. De ellas, 28 pudieron concretarse, por un importe cercano a $4,7 millones. También se registraron cuatro intentos fallidos de modificar la contraseña de acceso.

La mujer realizó la denuncia policial aproximadamente dos horas después del robo y comunicó lo sucedido a Mercado Libre alrededor de cinco horas después del hecho.

Como parte del dinero no pudo recuperarse, los afectados iniciaron una demanda judicial para reclamar su restitución y la reparación de los perjuicios sufridos. 1

¿Qué resolvió la Cámara Comercial?

En primera instancia se había condenado a Mercado Libre a pagar $4.696.572,50, correspondientes a los fondos sustraídos que no pudieron recuperarse, más intereses y costas.

La empresa apeló. Sostuvo, entre otros argumentos, que había implementado mecanismos adecuados de seguridad, que estos habían funcionado y que no correspondía atribuirle responsabilidad objetiva por el delito cometido por terceros.

La Sala C rechazó la apelación de Mercado Libre y confirmó su responsabilidad en este expediente. Además, modificó parcialmente la sentencia para reconocer $700.000 por daño moral a cada uno de los dos demandantes individuales, con los intereses correspondientes.

La condena comprendió, por lo tanto, el reintegro de los fondos no recuperados y las indemnizaciones adicionales reconocidas, más los intereses fijados judicialmente. 1

El argumento decisivo: la seguridad digital es una obligación de resultado

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia surge de la prueba informática.

El perito corroboró que la cuenta tenía correctamente configurados los mecanismos de seguridad utilizados y que estos se activaron durante los hechos investigados. Sin embargo, los delincuentes consiguieron realizar numerosas operaciones. No pudo establecerse exactamente cómo lograron superar las instancias de autenticación.

Para la Cámara, esa circunstancia no liberaba de responsabilidad a Mercado Libre. Los jueces consideraron que el servicio de pagos digitales presenta riesgos vinculados con la suplantación de identidad y la realización de operaciones sin autorización de sus titulares.

En consecuencia, aplicaron los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial, relativos a la responsabilidad por actividades riesgosas o peligrosas, y caracterizaron el deber de seguridad de la plataforma como una obligación de resultado. 2

Una distinción fundamental: que los mecanismos de seguridad hayan funcionado técnicamente no significa necesariamente que la plataforma haya cumplido su obligación jurídica de seguridad. En este caso, el tribunal consideró que resultaron insuficientes para evitar la sustracción del dinero.

En un régimen de responsabilidad objetiva, demostrar que se adoptaron medidas razonables de prevención no basta, por sí solo, para obtener la exoneración. El responsable debe acreditar una causa ajena con entidad suficiente para excluir o limitar la responsabilidad, conforme a los artículos 1722 y concordantes del Código Civil y Comercial. 2

¿La víctima tuvo la culpa por no proteger suficientemente su cuenta?

Mercado Libre también cuestionó la configuración de los mecanismos de autenticación y el tiempo que transcurrió hasta recibir el aviso del robo.

La Cámara descartó que esas circunstancias permitieran atribuir responsabilidad a los afectados. Respecto de Google Authenticator, consideró que se trataba de una medida de seguridad opcional y no de una exigencia obligatoria para operar la cuenta.

Tampoco encontró reprochable que la mujer hubiera comunicado el robo a Mercado Libre cinco horas después. Había sufrido un hecho violento, formulado la denuncia policial y no tenía por qué prever necesariamente que los delincuentes conseguirían ingresar en la cuenta de la empresa.

Además, no se acreditó que los damnificados hubieran entregado voluntariamente sus contraseñas o facilitado la maniobra delictiva.

La existencia de un delito cometido por terceros no libera automáticamente a quien presta el servicio. Para que opere una eximente debe demostrarse que el hecho constituye una causa ajena jurídicamente relevante. La Cámara entendió que eso no había ocurrido. 1

La responsabilidad de las plataformas digitales: más allá de la intermediación

La responsabilidad jurídica de las plataformas de comercio electrónico viene siendo objeto de debate doctrinario y jurisprudencial desde hace años.

Lucas D. Silva, en su trabajo La responsabilidad de las plataformas de e-commerce, analiza cómo estas empresas desarrollan modelos de negocio basados en la intermediación digital y en relaciones contractuales interdependientes. Su actividad no se limita necesariamente a ofrecer un espacio virtual: también puede comprender servicios que organizan y hacen posible las operaciones comerciales. 3

Por su parte, la obra Ley de Defensa del Consumidor. Comentada, anotada y concordada, dirigida por Carlos E. Tambussi, destaca que la incorporación de tecnologías al comercio no necesariamente disminuye las obligaciones de los proveedores. Por el contrario, puede exigirles una mayor responsabilidad, considerando sus conocimientos técnicos y la situación de vulnerabilidad de los usuarios. En ese contexto, la obra cita el precedente judicial “Claps c/ Mercado Libre”, que abordó la responsabilidad de una plataforma de intermediación comercial. 4

Estas consideraciones permiten comprender el contexto jurídico del caso, aunque corresponde hacer una distinción: el fallo comentado no trata sobre un vendedor que incumplió una compraventa, sino sobre operaciones fraudulentas realizadas mediante un servicio de pagos digitales.

Por eso, la Cámara centró su análisis en el riesgo de la actividad y en la obligación de seguridad, y no en la responsabilidad de un intermediario por el incumplimiento de un vendedor.

¿Por qué la Justicia no aplicó la Ley de Defensa del Consumidor?

Este es otro punto que merece especial atención.

La Ley 24.240 protege a quienes adquieren o utilizan bienes y servicios como destinatarios finales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Pero no todas las operaciones realizadas por una persona o una pequeña empresa reúnen necesariamente esas condiciones. 5

En el expediente, la cuenta se utilizaba para administrar fondos vinculados con una actividad comercial de venta de matafuegos. La Cámara entendió que el servicio estaba integrado al funcionamiento de ese negocio y que, en esas circunstancias, los afectados no podían ser considerados consumidores finales.

Por ese motivo, rechazó la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y los reclamos fundados en sus disposiciones sobre daño punitivo y daño directo.

Quedar fuera de la legislación de consumo no equivale a quedar sin protección jurídica. El Código Civil y Comercial también permite reclamar cuando se configuran los presupuestos de la responsabilidad civil. Eso fue precisamente lo que ocurrió en este caso. 1

Una mayor exigencia para las empresas tecnológicas especializadas

La Cámara también recurrió al artículo 1725 del Código Civil y Comercial, que permite valorar la conducta considerando los conocimientos especiales y el mayor deber de prudencia que corresponde exigir en determinadas circunstancias.

Mercado Libre desarrolla una actividad tecnológica profesional y posee conocimientos y capacidades técnicas muy superiores a los de sus usuarios. Para el tribunal, esa especialización justifica evaluar su conducta con un estándar particularmente exigente.

En este sentido, en el Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, publicado por Infojus bajo la dirección de Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso, se explica que el artículo 1725 establece un estándar de diligencia especialmente exigente para profesionales, especialistas y técnicos, considerando sus conocimientos y su mayor deber de previsión. Sin embargo, también se aclara que esta disposición se refiere a la valoración de la culpa y no a la relación de causalidad, que debe apreciarse en forma objetiva y abstracta. 6

Por eso, conviene distinguir los fundamentos: el artículo 1725 no establece por sí mismo una responsabilidad objetiva. En este expediente, ese régimen deriva de los artículos 1757 y 1758 y de la obligación de seguridad considerada de resultado. El artículo 1725 aporta una pauta complementaria para valorar la diligencia exigible al proveedor especializado. 2

Una reflexión relacionada aparece en mi artículo Responsabilidad civil por IA agéntica: ¿quién responde por los daños?, donde analizo cómo las categorías tradicionales de responsabilidad pueden aplicarse a nuevos riesgos tecnológicos, aunque se trate de sistemas y situaciones diferentes. 7

El daño moral: una reparación que no se limita al dinero sustraído

La sentencia también reconoció las consecuencias personales que el hecho produjo en los dos integrantes de la empresa.

El daño moral, técnicamente comprendido dentro de las consecuencias no patrimoniales, puede manifestarse mediante angustia, alteración de la tranquilidad y afectación de intereses personales que no tienen un valor económico directo.

La Cámara consideró que la sustracción del dinero, la falta de satisfacción del reclamo y la necesidad de afrontar un proceso judicial justificaban reconocer una reparación, pues entendió que los padecimientos podían inferirse de las circunstancias acreditadas, aun sin una prueba directa específica.

Por esa razón, fijó una indemnización de $700.000 para cada uno de los dos demandantes individuales, más intereses. En cambio, rechazó el daño moral reclamado por la sociedad comercial, por considerar que las personas jurídicas carecen del soporte espiritual propio de este perjuicio y que tampoco se había acreditado una afectación de su prestigio o imagen comercial. 1

Naturalmente, esto no significa que cualquier inconveniente con una billetera virtual genere automáticamente daño moral. Su reconocimiento depende de las circunstancias de cada caso y de la entidad de las consecuencias sufridas.

Conclusión

Considero que el principal aporte de esta sentencia consiste en recordar que la existencia de medidas técnicas de seguridad no equivale, necesariamente, al cumplimiento de la obligación jurídica de seguridad.

Las plataformas digitales facilitan operaciones comerciales y financieras que hasta hace pocos años requerían otros procedimientos. Esa transformación ofrece ventajas evidentes, pero también introduce riesgos que no pueden analizarse exclusivamente desde la conducta del usuario.

El fallo tampoco establece una responsabilidad automática de Mercado Libre ante cualquier fraude. Su decisión responde a las características del servicio, al régimen jurídico aplicado y a la falta de acreditación de una causa ajena capaz de excluir la responsabilidad.

Me parece especialmente valioso que la Cámara haya reconocido esa responsabilidad sin necesidad de recurrir a la Ley de Defensa del Consumidor. Demuestra que el derecho común también proporciona herramientas para abordar los riesgos de una economía cada vez más digitalizada.

La seguridad de una plataforma no debería medirse únicamente por la cantidad de controles que incorpora, sino también por su capacidad para proteger eficazmente las operaciones que permite realizar.

En definitiva, la innovación tecnológica no elimina las obligaciones jurídicas. Por el contrario, obliga a examinar cómo deben cumplirse en escenarios que cambian constantemente.

Importante: Este artículo constituye un comentario jurídico sobre una sentencia judicial de acceso público. Las consideraciones expresadas tienen finalidad informativa y académica y no implican atribuir a las empresas mencionadas conductas distintas de las examinadas en la resolución comentada.

Notas y referencias

  1. ↩a ↩b ↩c ↩d ↩e ↩f Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, “G., M. B. y otros c/ Mercado Libre S.R.L. s/ ordinario”, expediente CIV 34698/2022, Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 1, Secretaría N.º 2, sentencia del 22 de octubre de 2026.
  2. ↩a ↩b ↩c Congreso de la Nación Argentina, Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, especialmente artículos 1722, 1725, 1729, 1737, 1738, 1741, 1757 y 1758. Texto actualizado: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26994-235975/actualizacion
  3. ↩ Silva, Lucas D., La responsabilidad de las plataformas de e-commerce, Microjuris Argentina, 9 de junio de 2021, cita MJ-DOC-15967-AR, MJD15967. https://aldiaargentina.microjuris.com/2021/06/11/doctrina-la-responsabilidad-de-las-plataformas-de-e-commerce/
  4. ↩ Tambussi, Carlos E. (director), Ley de Defensa del Consumidor. Comentada, anotada y concordada, 2.ª edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2019, comentario al artículo 4 de la Ley 24.240, apartado sobre incorporación de tecnología y deber de información.
  5. ↩ Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, especialmente artículos 1, 2, 40, 40 bis y 52 bis. Texto actualizado: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24240-638/actualizacion
  6. ↩ Herrera, Marisa; Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián (directores), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, tomo IV, Libro Tercero, artículos 1251 a 1881, comentario al artículo 1725, p. 438, 1.ª edición, Buenos Aires, Infojus, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, diciembre de 2015.
  7. ↩ Vilaplana, Lucas Matías, Responsabilidad civil por IA agéntica: ¿quién responde por los daños?, Estudio Vilaplana Abogados, 6 de septiembre de 2026. https://estudiovilaplana.com.ar/2026/09/06/responsabilidad-civil-ia-agentica/