El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazó, por mayoría, la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802 y ordenó recalcular un crédito laboral conforme al régimen establecido por la reforma. La sentencia, dictada el 18 de noviembre de 2026 en el caso “Souto”, constituye un nuevo antecedente sobre una cuestión especialmente sensible: cuánto debe cobrar un trabajador cuando una indemnización permanece impaga durante años. 1
Pero el pronunciamiento presenta un aspecto particularmente interesante: dos de los cinco jueces consideraron inconstitucional la norma. Aunque prevaleció el criterio favorable a su aplicación, la división del tribunal refleja que el debate sobre la actualización de los créditos laborales continúa abierto. 1
El caso “Souto”: un despido y una deuda que se remonta a 2017
La controversia comenzó con la demanda de M. L. Souto contra Banco Hipotecario S.A. y Aegis Argentina S.A., por el cobro de indemnizaciones derivadas de su despido. La trabajadora sostuvo que había comenzado a prestar servicios en marzo de 2005, mediante una empresa intermediaria, pero que su verdadera empleadora recién la registró en noviembre de 2006. Tras reclamar la correcta registración de su antigüedad, se consideró despedida en marzo de 2017. 1
La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó, en lo sustancial, la condena solidaria de ambas empresas. También dispuso que el crédito reconocido se actualizara mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un interés del 3 % anual, previa declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohibían la indexación. 1
Banco Hipotecario cuestionó ese mecanismo y llevó la controversia ante el Tribunal Superior de Justicia porteño. Mientras se tramitaba el recurso, entró en vigencia la Ley de Modernización Laboral 27.802, cuyo artículo 55 estableció nuevas reglas para determinados juicios pendientes. La trabajadora planteó entonces la inconstitucionalidad de esa disposición. 1
Qué establece el artículo 55 de la Ley 27.802
La ley, publicada el 6 de marzo de 2026, introdujo dos mecanismos diferenciados. El artículo 54 modificó el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció la actualización mediante IPC más un interés del 3 % anual. En cambio, el artículo 55 dispuso un régimen especial para los juicios que se encontraban en trámite y pendientes de sentencia definitiva al entrar en vigencia la reforma, incluidos los recursos de queja pendientes. 2
Este último mecanismo combina una tasa pasiva determinada por el Banco Central con un límite máximo equivalente al cálculo por IPC más el 3 % anual y un límite mínimo del 67 % de esa referencia. El 67 % funciona como un piso legal, no como una reducción automática del 33 % para todos los créditos. 2
Por qué la mayoría del Tribunal consideró constitucional la norma
Los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg coincidieron en rechazar el cuestionamiento constitucional, aunque desarrollaron sus fundamentos en votos separados. 1
Para la mayoría, el Congreso puede establecer tratamientos diferentes para situaciones jurídicas distintas, siempre que exista una justificación razonable. En esa línea, consideraron que la creación de un régimen transitorio para los juicios laborales pendientes no vulnera, por sí misma, el principio de igualdad. 1
También destacaron que el sistema legislativo fue adoptado en un contexto de elevada inflación, prohibiciones de indexación y sucesivas decisiones judiciales sobre intereses laborales que habían sido cuestionadas por la Corte Suprema nacional.
Otro argumento importante fue la ausencia de un derecho adquirido a mantener determinado mecanismo de actualización cuando los accesorios del crédito todavía no estaban definidos mediante una sentencia firme. Además, la mayoría valoró el piso del 67 % y su vinculación con parámetros utilizados por la Corte Suprema en precedentes como “Vizzotti”. 1
En su voto, Weinberg agregó que la trabajadora no había demostrado suficientemente que la aplicación concreta del régimen ocasionara la pérdida patrimonial constitucionalmente inadmisible que denunciaba. La mera afirmación de un perjuicio, sin elementos adecuados para acreditar su magnitud, no justificaba desplazar la ley. 1
La disidencia: dos jueces advirtieron una afectación a los derechos del trabajador
Los jueces Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz llegaron a una conclusión diferente. Consideraron que el artículo 55 resultaba inconstitucional por afectar la igualdad, el derecho de propiedad y la protección especial reconocida a los trabajadores. 1
Su principal objeción fue que el régimen puede colocar al acreedor laboral en una situación menos favorable que la de otros acreedores civiles o comerciales, precisamente por tener un juicio pendiente. Para ilustrarlo, compararon los resultados de distintos mecanismos de intereses y destacaron las diferencias económicas que podían producirse. 1
También cuestionaron que el piso del 67 % fuera suficiente para justificar esa diferencia. Según su razonamiento, el precedente “Vizzotti” no podía trasladarse automáticamente a un sistema que, en lugar de ampliar una protección indemnizatoria, podía limitar la reparación de un crédito impago. Además, objetaron la afectación retroactiva de intereses ya devengados. 1
Sin embargo, la disidencia tampoco propuso mantener el IPC más el 3 % anual aplicado por la Cámara. Los dos magistrados consideraron que debía reemplazarse ese mecanismo por la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del Banco Central. Por lo tanto, la diferencia entre los votos no consistió simplemente en conservar o reducir el crédito, sino también en determinar cuál era el mecanismo jurídicamente adecuado para repararlo. 1
Qué resolvió finalmente el Tribunal Superior
Por mayoría, el Tribunal admitió el recurso del Banco Hipotecario, revocó la sentencia de la Cámara en lo relativo a actualización e intereses, rechazó la inconstitucionalidad del artículo 55 y ordenó determinar los accesorios del crédito conforme a esa disposición. Las costas del recurso fueron impuestas por su orden. 1
La sentencia no eliminó la condena laboral ni fijó el importe definitivo que deberá percibir la trabajadora. Lo que modificó fue el mecanismo para determinar la actualización e intereses del crédito reconocido. 1
Cómo se relaciona con los fallos recientes de la Corte Suprema
Este pronunciamiento se suma a otros antecedentes recientes. En nuestro artículo sobre la decisión de la Corte Suprema nacional del 5 de noviembre de 2026, examinamos cómo el máximo tribunal dejó sin efecto ocho sentencias laborales para que se dictaran nuevos pronunciamientos considerando el artículo 55. Sin embargo, aquella decisión no desarrolló un examen específico de constitucionalidad de esa disposición. 3
Asimismo, en el análisis del caso “Fernández”, resuelto por la Suprema Corte bonaerense, explicamos que ese tribunal también rechazó un planteo de inconstitucionalidad del artículo 55 y ordenó aplicar el régimen legal. 4
Los tres antecedentes coinciden en orientar la resolución de los créditos comprendidos hacia el nuevo régimen, pero no tienen idéntico alcance jurídico. Mientras la Corte nacional atendió a la legislación sobreviniente, los tribunales superiores bonaerense y porteño examinaron cuestionamientos constitucionales contra la disposición. En el caso “Souto”, además, quedaron expresadas dos posiciones judiciales contrapuestas sobre su validez. 134
Cómo estimar la actualización de un crédito laboral
Para facilitar la comprensión de este mecanismo, ponemos a disposición nuestra Calculadora de Créditos Laborales Judicializados – Artículo 55 de la Ley 27.802, que permite realizar estimaciones a partir del capital reclamado, las fechas correspondientes y los índices aplicables. 5
Los resultados son estimativos y no reemplazan una liquidación judicial ni el análisis de las particularidades del expediente, especialmente cuando existen controversias sobre el régimen legal aplicable o su constitucionalidad.
Conclusión
El fallo “Souto” fortalece la línea jurisprudencial favorable a la aplicación del artículo 55 de la Ley 27.802, pero también permite advertir que su constitucionalidad continúa siendo objeto de discusión. La mayoría privilegió la razonabilidad de la solución legislativa y la ausencia de una afectación constitucional suficientemente acreditada. La disidencia, en cambio, puso el acento en el tratamiento desigual que podría recibir quien reclama judicialmente un crédito de naturaleza alimentaria. 1
Desde nuestra perspectiva, la previsibilidad de las reglas de actualización es necesaria, pero no debería perderse de vista su finalidad: preservar razonablemente el valor de una obligación que debió cumplirse en otro momento. Una fórmula legal puede aportar certeza y, sin embargo, merecer un examen constitucional cuando sus efectos concretos resultan incompatibles con los derechos protegidos.
Existe, además, una circunstancia que no debería quedar relegada: el tiempo que demanda un proceso judicial no puede analizarse como si fuera económicamente indiferente. Cuando transcurren varios años entre el nacimiento de un crédito laboral y su efectivo cobro, la actualización deja de ser una cuestión meramente matemática y adquiere una dimensión vinculada con la efectividad de la tutela judicial. Por eso, más allá de la validez general del régimen, considero especialmente importante examinar sus consecuencias patrimoniales en cada caso concreto.
En definitiva, el problema no se agota en elegir una tasa o un índice. La pregunta de fondo sigue siendo cuánto debe recibir hoy quien tuvo que esperar años para cobrar aquello que legalmente le correspondía. La respuesta debería procurar un equilibrio razonable entre seguridad jurídica, protección del crédito y respeto por las garantías constitucionales, sin olvidar que detrás de cada liquidación existe una persona que espera una respuesta efectiva de la Justicia.
Notas y referencias
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- ↩a ↩b ↩c ↩d ↩e ↩f ↩g ↩h ↩i ↩j ↩k ↩l ↩m ↩n ↩o ↩p ↩q Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto M. L. c/ Banco Hipotecario S.A. y otro s/ despido”, expediente TSJ 91605/2025-0, sentencia del 18 de noviembre de 2026, registro 4501/2026. Publicada en el repertorio oficial de sentencias: https://www.tsjbaires.gob.ar/servicios/jurisprudencia/ultimas-sentencias
- ↩a ↩b Ley 27.802 de Modernización Laboral, artículos 54 y 55, Boletín Oficial del 6 de marzo de 2026. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/339128/20260306
- ↩a ↩b Vilaplana, Lucas Matías, “Corte Suprema: créditos laborales y artículo 55 de la Ley 27.802”, Estudio Vilaplana Abogados, 7 de noviembre de 2026. Análisis del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 5 de noviembre de 2026. https://estudiovilaplana.com.ar/2026/11/07/corte-suprema-creditos-laborales-articulo-55-ley-27802/
- ↩a ↩b Vilaplana, Lucas Matías, “Actualización de créditos laborales: SCBA y artículo 55 de la Ley 27.802”, Estudio Vilaplana Abogados, octubre de 2026. Análisis del caso “Fernández”. https://estudiovilaplana.com.ar/2026/10/21/actualizacion-creditos-laborales-scba-articulo-55-ley-27802/
- ↩ Estudio Vilaplana Abogados, Calculadora de Créditos Laborales Judicializados – Artículo 55 de la Ley 27.802, Estudio Vilaplana Abogados, herramienta de cálculo estimativo y no vinculante. https://estudiovilaplana.com.ar/calculadora-creditos-laborales-judicializados/