En la antigua Roma, los términos monumentum y documentum expresaban dos ideas relacionadas. El primero, derivado de monere, aludía a aquello que permitía recordar o conservar la memoria de algo. El segundo, proveniente de docere, significaba enseñanza, ejemplo o prueba. Aunque sus orígenes son diferentes, ambos conceptos permiten comprender una distinción que conserva actualidad: guardar un registro no es exactamente lo mismo que demostrar, mediante él, que un hecho ocurrió. 1
Un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, una fotografía, un contrato en PDF o una conversación guardada en el celular pueden convertirse en piezas decisivas de un juicio. Pero hay una diferencia entre mostrar un archivo y demostrar que su contenido es auténtico, íntegro y pertinente.
¿Una captura de pantalla alcanza como prueba? ¿Un documento electrónico vale menos que uno en papel? ¿Y qué ocurre cuando una de las partes niega haber enviado el mensaje que se le atribuye? Para responder conviene empezar por la naturaleza del documento electrónico y sus características particulares.
La idea central: un documento electrónico no pierde valor jurídico por carecer de soporte papel. Sin embargo, para utilizarlo como prueba, importa acreditar de dónde proviene, si fue alterado y cómo llegó al expediente.
Qué es un documento electrónico
Tradicionalmente asociamos un documento con una hoja escrita y, eventualmente, firmada. Pero documentar significa representar y conservar información sobre hechos, declaraciones o actos. Esa información también puede quedar registrada en sistemas informáticos.
Gastón E. Bielli y Carlos J. Ordóñez explican que el documento electrónico constituye una representación almacenada mediante tecnología y susceptible de ser recuperada o reproducida por dispositivos y programas. En su análisis doctrinario distinguen al documento electrónico como género y al documento digital como una de sus especies. Esa distinción técnica no debe confundirse con las categorías de documentos firmados y no firmados que establece el derecho civil. 2
La Ley 25.506, en su artículo 6, define el documento digital como la representación digital de actos o hechos, cualquiera sea el soporte utilizado para fijarla, almacenarla o archivarla. Además, reconoce que satisface el requisito de escritura. En la misma línea, el artículo 286 del Código Civil y Comercial admite la expresión escrita en cualquier soporte, siempre que el contenido pueda representarse mediante texto inteligible, incluso si para leerlo hacen falta medios técnicos. 3 4
Por ejemplo, un correo electrónico recibido en una casilla, un archivo PDF y una conversación de mensajería son manifestaciones diferentes de información electrónica. No todos son contratos ni todos están firmados, pero todos pueden contener datos relevantes para reconstruir un hecho.
Ocho características que lo diferencian del papel
Gastón E. Bielli y Carlos J. Ordóñez identifican ocho características principales de los documentos electrónicos. Conocerlas permite comprender tanto su utilidad como prueba judicial como los riesgos relacionados con su conservación, autenticidad e integridad. 2
Volátil: cierta información puede desaparecer rápidamente, por eliminación, sobrescritura, fallas técnicas o cambios en una plataforma.
Modificable: muchos archivos pueden editarse con facilidad; también pueden alterarse datos que no son visibles a simple vista. Esto exige preservar cuanto antes aquello que podría convertirse en prueba. No significa que todos los sistemas permitan modificar sus registros sin dejar rastros.
Clonable: una copia digital puede reproducir exactamente los datos del archivo de origen, algo diferente de una fotocopia en papel.
Identificable: mediante herramientas como una función criptográfica hash puede obtenerse una huella técnica del archivo para comparar su contenido con una copia o una versión posterior. Si dos archivos tienen la misma huella calculada con un algoritmo criptográfico adecuado, ello aporta un fuerte indicio de que contienen los mismos datos. Pero el hash no demuestra quién creó el documento ni que su contenido sea verdadero: solo permite controlar la integridad respecto de la versión sobre la cual se calculó.
Rastreable: según el sistema, un documento puede contener metadatos, registros de acceso, fechas, identificadores o información sobre sus modificaciones.
Durable: puede conservarse y reproducirse durante períodos prolongados, aunque no está libre del deterioro del soporte, la pérdida de acceso o la obsolescencia de formatos. Por ejemplo, un correo descargado en un formato que preserve sus encabezados puede conservar información útil para analizar su recorrido. Una impresión en papel muestra el texto, pero normalmente deja afuera una parte importante de esos datos técnicos.
Recuperable: algunos archivos eliminados pueden recuperarse mediante técnicas forenses, aunque esto depende del dispositivo, la sobrescritura, el cifrado y otras circunstancias.
Asegurable: existen métodos de protección —entre ellos controles de acceso, firmas digitales y procedimientos de preservación— capaces de reforzar la confiabilidad de los registros.
Una consecuencia práctica: la facilidad para copiar o modificar un archivo no lo vuelve inútil como prueba. Obliga a prestar especial atención a su conservación, a la identificación de la fuente y a los mecanismos de verificación.
Documento electrónico y prueba electrónica: no son exactamente lo mismo
El documento electrónico es un registro o representación de información. La prueba electrónica se refiere al uso procesal de información obtenida, almacenada o transmitida por medios tecnológicos para acreditar hechos controvertidos. Por eso, puede abarcar documentos, pero también registros de sistemas, historiales de conexión, metadatos y resultados de una investigación pericial.
La obra La prueba electrónica. Teoría y práctica examina por separado el documento, la investigación forense, la cadena de custodia y la valoración judicial. Esa organización muestra por qué tener un archivo no equivale automáticamente a probar el hecho que se invoca: entre ambas situaciones intervienen tareas jurídicas y técnicas. 5
Imaginemos que un trabajador presenta una captura de una conversación en la que supuestamente recibió una orden laboral. La imagen puede aportar un indicio del contenido, pero si se cuestiona su autenticidad habrá que examinar, según las circunstancias, el dispositivo, la conversación completa, su origen y otros elementos de corroboración.
Gabriel Hernán Quadri, en la obra colectiva Derecho Procesal Electrónico Práctico, dirigida por Carlos E. Camps, advierte que el documento electrónico es uno de los principales protagonistas de la prueba informática. También distingue el archivo digital de su representación en pantalla o en papel: imprimir un documento no equivale necesariamente a conservar toda la información del archivo original. Esta diferencia puede ser decisiva cuando se necesita examinar metadatos, integridad o procedencia. 6
¿Qué valor tienen los documentos firmados y los que no llevan firma?
Aquí es importante no confundir documento electrónico, firma electrónica y firma digital. Son nociones relacionadas, pero diferentes.
La Ley 25.506 distingue la firma digital —que debe cumplir sus requisitos legales y técnicos— de la firma electrónica, definida más ampliamente. Para esta última establece que, si se desconoce, quien la invoca debe acreditar su validez. En cambio, los artículos 7 y 8 reconocen, bajo las condiciones legales, presunciones rebatibles de autoría e integridad respecto de los documentos firmados digitalmente. 3
El Código Civil y Comercial distingue los instrumentos privados firmados de los particulares no firmados. En su artículo 287 incluye, entre estos últimos, registros escritos, visuales y auditivos. El artículo 288 regula la firma y contempla la firma digital cuando se utilizan instrumentos generados por medios electrónicos.
Que un archivo no tenga firma digital no significa que carezca de valor probatorio. Significa que no cuenta, por ese solo hecho, con las presunciones legales específicas de la firma digital y que su autenticidad y fuerza de convicción deberán analizarse según el caso.
¿Los correos electrónicos y los mensajes de WhatsApp tienen firma electrónica?
Los mensajes de WhatsApp son documentos electrónicos y, cuando consisten en comunicaciones entre personas, también pueden constituir correspondencia electrónica en los términos del artículo 318 del Código Civil y Comercial. Pero ¿están firmados? Gastón E. Bielli sostiene que pueden considerarse asociados a una firma electrónica, en el sentido amplio del artículo 5 de la Ley 25.506, por la vinculación entre la cuenta de usuario y sus datos de identificación, como el número telefónico. Esa vinculación puede aportar indicios de autoría, aunque no demuestra por sí sola quién escribió o envió cada mensaje. 7
Algo semejante ocurre con los correos electrónicos. La dirección del remitente, los datos de la cuenta, los encabezados técnicos y una eventual firma automática al pie pueden contribuir a identificar su procedencia, pero no prueban por sí solos quién redactó o envió efectivamente el mensaje. Bielli y Ordóñez sostienen que un correo puede contar con firma electrónica cuando incorpora datos utilizados por su autor como medio de identificación, aun sin una firma escrita al final; reconocen, asimismo, que no todos los mensajes reúnen necesariamente esa condición. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 25.506, si la firma electrónica es desconocida, quien la invoca debe acreditar su validez. 8
Esta interpretación exige diferenciar la firma electrónica en sentido amplio del requisito de firma contemplado por el artículo 288 del Código Civil y Comercial. Según la posición restrictiva expuesta, dado que los mensajes ordinarios de WhatsApp no llevan firma digital, se encuadran jurídicamente como instrumentos particulares no firmados (artículo 287), aunque puedan estar asociados a una firma electrónica. Existen interpretaciones doctrinarias más amplias sobre los efectos jurídicos de la firma electrónica, por lo que esta clasificación no debe presentarse como una cuestión absolutamente pacífica.
En términos prácticos: tanto un correo electrónico como un mensaje de WhatsApp pueden tener valor probatorio aunque no estén firmados digitalmente. Si se discuten, será necesario examinar su autenticidad, integridad y atribución al supuesto emisor, a partir de los datos disponibles y de las demás pruebas del caso.
Además, una captura de pantalla no es la conversación electrónica original: es una imagen de lo que se veía en el dispositivo en un momento determinado. Miguel L. Jara destaca que puede omitir mensajes anteriores o posteriores y carecer de elementos técnicos para verificar su origen e integridad. No por ello debe descartarse automáticamente: su fuerza probatoria depende del reconocimiento de las partes, su coherencia con otros elementos y, cuando sea necesario, de una adecuada preservación y verificación informática. 9
Un ejemplo concreto de cómo deben examinarse estas comunicaciones aparece en el artículo Audios de WhatsApp como prueba judicial: un fallo laboral cambió el resultado de un despido. Allí analicé una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, del 3 de septiembre de 2026, en la que dos audios, examinados mediante pericia informática y valorados junto con informes sobre la titularidad de la línea y testimonios, contribuyeron a justificar un despido indirecto. La Cámara no consideró indispensable una pericia de reconocimiento de voz en las circunstancias particulares del caso: distinguió entre verificar técnicamente los archivos y atribuir razonablemente su autoría mediante el conjunto de la prueba. 10
La prueba debe conservar su contexto: metadatos, hash y cadena de custodia
Rosa A. Warlet, en un estudio doctrinario de 2025 sobre prueba electrónica y cadena de custodia, subraya la importancia de conservar la información en su formato nativo, documentar su obtención y evitar intervenciones que comprometan su integridad. También explica la utilidad del hash para realizar comparaciones verificables entre archivos. 11
La cadena de custodia es, en términos generales, el registro ordenado de la obtención, preservación, traslado y tratamiento de un elemento de prueba. Permite reconstruir qué se hizo con él, quién intervino y si se mantuvo la correspondencia entre el material recolectado y el finalmente analizado. La doctrina especializada también examina esta cuestión desde la informática forense.
En el mismo libro dirigido por Camps, Juan Darío Veltani propone el principio de redundancia probatoria: cuando se busca acreditar un hecho digital, resulta conveniente combinar fuentes y medios de prueba, en vez de depender exclusivamente de una captura o impresión. Para un correo electrónico, por ejemplo, menciona el encabezado técnico, los registros de las casillas o servidores y, cuando corresponda, la pericia informática. También destaca la necesidad de documentar la recolección y emplear procedimientos que procuren no alterar la fuente original y permitan su posterior control. 6
No toda controversia exige una pericia informática ni un protocolo forense exhaustivo. Pero, cuando la autoría o la integridad son discutidas, conservar solamente una imagen recortada puede resultar insuficiente. La pertinencia de una pericia, un acta notarial, una constatación judicial o pedidos de información dependerá de las particularidades del expediente.
¿Cómo debe valorar el juez una captura, un correo o un chat?
El artículo 319 del Código Civil y Comercial ofrece una pauta especialmente útil: el valor probatorio de los instrumentos particulares debe apreciarse considerando, entre otras circunstancias, la congruencia entre lo sucedido y lo narrado, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes y procedimientos técnicos utilizados. 4
Una captura de pantalla no es automáticamente falsa ni automáticamente concluyente. Un correo electrónico puede adquirir fuerza cuando coincide con otros mensajes, documentos, registros del servicio o hechos acreditados. Lo importante es que el material pueda someterse a contradicción y valorarse dentro del conjunto de pruebas.
Qué conviene hacer cuando un documento digital puede ser importante
Ante un conflicto, la primera precaución es conservar el material original o su versión más completa posible, sin editarlo innecesariamente. También es útil registrar fechas, identificar el servicio y el dispositivo, preservar archivos adjuntos y documentar cómo se obtuvo la información. Cuando exista riesgo de pérdida, corresponderá evaluar medidas de preservación o prueba anticipada con asesoramiento profesional.
Esto no supone que cada mensaje deba ser sometido a una pericia ni que toda controversia requiera una cadena de custodia formalizada de idéntica manera. La precaución debe ser proporcionada a la importancia del documento, su riesgo de desaparición y la posibilidad de que sea cuestionado. El objetivo es conservar elementos suficientes para que la otra parte pueda controvertirlos y el juez evaluarlos con fundamento.
En materia de conversaciones digitales, abordé estas precauciones en la guía Cómo preservar y ofrecer conversaciones de WhatsApp como prueba, publicada por el Colegio de Abogados de San Isidro en noviembre de 2026. Allí se ofrecen orientaciones prácticas destinadas a conservar y presentar conversaciones sin perder de vista su autenticidad, integridad y contexto. 12
Conclusión
Durante mucho tiempo, la materialidad del papel nos dio una sensación de seguridad: podíamos ver el documento, sostenerlo y examinar una firma. El soporte electrónico modifica esa experiencia, pero no elimina la posibilidad de documentar y probar hechos. En algunos aspectos, incluso ofrece herramientas de verificación que el papel no proporciona.
Su principal dificultad no reside simplemente en que pueda copiarse o modificarse. También puede conservar metadatos, dejar rastros y ser sometido a controles técnicos. La cuestión es comprender qué acredita cada elemento y cuáles son los límites de esa comprobación.
A mi criterio, el desafío de la prueba electrónica consiste en conectar tres planos: el contenido que se pretende demostrar, la confiabilidad técnica del registro y las garantías procesales que permiten discutirlo. Una herramienta informática puede ayudar a verificar la integridad de un archivo; no reemplaza, por sí sola, el análisis de su autoría, su contexto ni su relevancia para la controversia.
Esto exige también una adaptación de la práctica jurídica. Para los abogados, implica comprender cómo preservar y presentar adecuadamente la información digital; para los jueces, valorar sus características técnicas sin perder de vista las circunstancias del caso y el conjunto de las pruebas disponibles. El objetivo no debería ser exigir una certeza tecnológica absoluta, sino alcanzar una convicción judicial razonablemente fundada, respetando el derecho de defensa y las posibilidades de contradicción de las partes.
En definitiva, aquella distinción que evocaban los términos latinos monumentum y documentum conserva su sentido en el mundo digital: no basta con preservar la memoria de un hecho; también es necesario poder demostrarlo. El verdadero valor del documento electrónico no reside únicamente en la información que contiene, sino en la posibilidad de acreditar, de manera confiable, su origen, integridad y relación con los hechos que se pretenden probar.
Notas y referencias
- ↩ Accademia della Crusca, “Nocumento”, consulta lingüística sobre la formación de monumentum a partir de monere y de documentum a partir de docere. https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/emnocumentoem/33601
- ↩a ↩b Bielli, Gastón E.; Ordóñez, Carlos J., Contratos electrónicos. Teoría general y cuestiones procesales, tomo I, capítulo III, especialmente pp. 28-34, Legal Publishing Chile, Thomson Reuters, primera edición, noviembre de 2020.
- ↩a ↩b Ley 25.506 de Firma Digital, especialmente arts. 2, 5, 6, 7 y 8, texto actualizado. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25506-70749/actualizacion
- ↩a ↩b Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, especialmente arts. 286, 287, 288 y 319, texto actualizado. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26994-235975/actualizacion
- ↩ Bielli, Gastón Enrique; Ordóñez, Carlos Jonathan, La prueba electrónica. Teoría y práctica, especialmente capítulos III, IV, V y XIV, La Ley, Thomson Reuters, primera edición, Buenos Aires, 2019.
- ↩a ↩b Camps, Carlos E. (director), Derecho Procesal Electrónico Práctico, capítulos 3 (“Estrategia probatoria electrónica prejudicial”, de Juan Darío Veltani, especialmente pp. 119-123) y 9 (“Prueba electrónica: parte general”, de Gabriel Hernán Quadri, especialmente pp. 395-400), primera edición, Buenos Aires, Albremática, elDial.com, 2021.
- ↩ Bielli, Gastón E., Los mensajes de WhatsApp y su acreditación en el proceso civil, La Ley, 29 de octubre de 2018, cita online AR/DOC/1962/2018, especialmente apartado V (“Firma electrónica y mensajes de WhatsApp”).
- ↩ Bielli, Gastón E.; Ordóñez, Carlos J., Contratos electrónicos. Teoría general y cuestiones procesales, tomo II, capítulo XVI, apartados III.2 (“Autoría e identificación de partes”, especialmente pp. 41-45) y IV.4 (“Autoría e identificación de partes” en WhatsApp, especialmente pp. 116-117), Legal Publishing Chile, Thomson Reuters, primera edición, noviembre de 2020.
- ↩ Jara, Miguel L., Capturas de pantallas de WhatsApp como prueba electrónica, La Ley, 9 de junio de 2025, LA LEY 2025-C, 6, cita online AR/DOC/1373/2025.
- ↩ Vilaplana, Lucas Matías, Audios de WhatsApp como prueba judicial: un fallo laboral cambió el resultado de un despido, Estudio Vilaplana Abogados, 15 de noviembre de 2026. Comentario sobre la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, del 3 de septiembre de 2026, expediente N.º 5348/2022. https://estudiovilaplana.com.ar/2026/11/15/audios-whatsapp-prueba-judicial-fallo-laboral/
- ↩ Warlet, Rosa A., Prueba electrónica & cadena de custodia, Microjuris Argentina, 28 de julio de 2025, MJ-DOC-18385-AR, MJD18385. https://aldiaargentina.microjuris.com/2025/08/01/doctrina-prueba-electronica-en-procesos-no-penales-cadena-de-custodia/
- ↩ Vilaplana, Lucas Matías, Cómo preservar y ofrecer conversaciones de WhatsApp como prueba, guía práctica publicada por el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI), 12 de noviembre de 2026. https://www.casi.com.ar/guia-whatsapp