“Recuerdo incluso lo que no quiero recordar, pero no puedo olvidar lo que quiero”.
Temístocles, según relata Marco Tulio Cicerón en De finibus bonorum et malorum, libro II, apartado 104. Traducción propia. 1
Cicerón, jurista, orador y filósofo romano, cuenta que Temístocles, político y estratega ateniense, respondió que preferiría aprender el arte del olvido cuando le ofrecieron enseñarle el de la memoria. La anécdota se refiere a la memoria personal, pero permite abrir una pregunta actual: ¿qué podemos reclamar cuando los buscadores y la inteligencia artificial mantienen accesible nuestro pasado o lo transforman en una respuesta sobre quiénes somos?
Buscar el nombre de una persona puede devolver una noticia antigua, una fotografía o una acusación que nunca llegó a convertirse en condena. Consultar ese mismo nombre en una inteligencia artificial agrega otra posibilidad: recibir una respuesta que reúna esos materiales, omita su contexto o atribuya hechos que nunca ocurrieron. El resultado puede influir en una contratación, una relación comercial o la reputación profesional.
El derecho al olvido, la responsabilidad de los buscadores y los errores de la IA se relacionan, pero plantean problemas jurídicos diferentes. Para analizar qué puede reclamarse en Argentina, debemos distinguir entre la permanencia de información verdadera, la difusión ilegítima de contenidos y la elaboración de respuestas falsas o incompletas. Cada situación exige examinar los derechos involucrados, la intervención de cada sujeto y el alcance de la protección que puede solicitarse.
Qué significa pedir que Internet olvide
La expresión “derecho al olvido” suele utilizarse para reclamos distintos. Una persona puede querer que se elimine una publicación del sitio que la aloja, que un buscador deje de mostrarla cuando se consulta su nombre o que una base de datos rectifique información desactualizada. Aunque todas esas medidas pueden reducir la exposición, sus destinatarios y efectos cambian.
Desindexar un enlace no equivale a borrar la publicación original. El contenido puede seguir disponible en el sitio de origen, mediante su dirección directa o por otras búsquedas. Del mismo modo, corregir una respuesta de IA no demuestra, por sí solo, que se hayan eliminado los datos utilizados para desarrollarla.
En Argentina, la Ley 25.326 reconoce derechos de rectificación, actualización y, cuando corresponde, supresión de datos personales. También exige datos ciertos, pertinentes y no excesivos, y contempla su destrucción cuando dejan de ser necesarios para la finalidad de recolección. Pero establece límites: la supresión no procede si perjudica derechos o intereses legítimos de terceros o existe una obligación legal de conservación. Además, preserva las bases de datos y fuentes periodísticas. Estas reglas no autorizan a borrar cualquier noticia incómoda. 2
A su vez, el Código Civil y Comercial protege la intimidad, la honra, la reputación, la imagen y la identidad, y permite reclamar prevención y reparación frente a lesiones a la dignidad. El encuadre exige identificar qué derecho se afecta y mediante qué conducta. 3
El antecedente europeo y sus límites
En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió el caso “Google Spain”, conocido por el reclamo de Mario Costeja González. Reconoció que la actividad del buscador constituye un tratamiento de datos personales y que, bajo determinadas condiciones, puede corresponder retirar de los resultados obtenidos mediante el nombre de una persona enlaces a información publicada por terceros, aun cuando la publicación original sea lícita y permanezca disponible. La evaluación considera, entre otros factores, la pertinencia de la información, el tiempo transcurrido y el interés del público en acceder a ella. 4
Posteriormente, el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos europeo reguló el derecho de supresión, también denominado “derecho al olvido”. Tampoco allí es absoluto: contempla excepciones vinculadas con la libertad de expresión e información, obligaciones legales y determinados fines de interés público. 5
Estos antecedentes ayudan a comprender el debate, pero no pueden trasladarse automáticamente a un reclamo argentino. La solución local requiere examinar nuestro ordenamiento y los criterios constitucionales sobre libertad de expresión, privacidad y acceso a la información.
Cuándo puede responder un buscador: el caso “Rodríguez”
En “Rodríguez, María Belén c/ Google Inc.”, del 28 de octubre de 2014, la Corte Suprema examinó la responsabilidad por enlaces que vinculaban a la actora con sitios de contenido sexual. Para esa función de intermediación respecto de contenidos ajenos, descartó la responsabilidad objetiva y sostuvo que el buscador puede responder cuando conoce efectivamente la ilicitud y no actúa con diligencia. 6
Como orientación, distinguió las ilicitudes manifiestas de las situaciones que requieren esclarecimiento. Ante contenidos cuya ilegalidad es evidente, una comunicación fehaciente puede resultar suficiente para poner en conocimiento al buscador. Cuando la lesión es discutible o exige valoración, corresponde la intervención judicial o administrativa competente; la sola disconformidad del afectado no reemplaza ese examen. 6
La doctrina que analiza esta línea jurisprudencial permite evitar dos extremos: atribuir responsabilidad por toda información perjudicial o suponer que el intermediario nunca debe responder. El punto decisivo está en las condiciones del conocimiento y la conducta posterior. 7
Que una publicación perjudique a alguien no demuestra, por sí solo, que sea ilícita ni que el buscador deba indemnizar. También debe diferenciarse el pedido de cese de una lesión del reclamo de daños y perjuicios, cuyos presupuestos requieren análisis propio.
También conviene distinguir a quien publica o administra el contenido cuestionado, al proveedor de alojamiento o hosting que lo almacena y al buscador que facilita encontrarlo. Cada intervención requiere un análisis propio: la doctrina sobre enlaces a publicaciones ajenas no establece una exención general para todos los participantes. Según el caso, puede reclamarse contra quien realizó la publicación y evaluarse una orden dirigida al proveedor de alojamiento o al buscador para hacer cesar una difusión ilegítima, dentro de sus posibilidades técnicas. Esa protección debe distinguirse de una condena a indemnizar, que exige acreditar los presupuestos de responsabilidad correspondientes a cada sujeto. 3
Qué resolvió la Corte sobre el derecho al olvido en “Denegri”
El 28 de junio de 2022, la Corte Suprema rechazó la demanda de Natalia Denegri contra Google. Se pretendía desvincular su nombre de determinados contenidos televisivos antiguos relacionados con el “caso Cóppola”. La decisión ponderó que se trataba de información verdadera, relativa a una persona pública y vinculada con hechos de interés público. El paso del tiempo y la mortificación que los contenidos podían ocasionar no justificaban la restricción solicitada. 8
El alcance importa: la Corte rechazó esa pretensión en esas circunstancias. El fallo no permite equiparar una noticia verdadera de interés público con la difusión ilegítima de datos íntimos o una atribución falsa. Tampoco resolvió la responsabilidad por respuestas generativas. Sí advirtió sobre los interrogantes que plantea el funcionamiento de los algoritmos y la necesidad de mayor comprensión y transparencia. 8
El debate doctrinario continúa abierto. Una posición crítica sostiene que la protección de la vida privada y la posibilidad de construir una trayectoria diferente merecen mayor atención frente a la persistencia digital. Es una perspectiva relevante para discutir los límites de la exposición, aunque debe distinguirse del criterio adoptado por la Corte. 9
La exigencia de precisión también aparece en jurisprudencia reciente sobre redes sociales. En una comunicación del 7 de octubre de 2026, el Ministerio Público Fiscal reseñó decisiones de la Corte que cuestionaron restricciones amplias e imprecisas y examinaron supuestos excepcionales de bloqueo. Son conflictos distintos del derecho al olvido, pero refuerzan la necesidad de justificar qué contenido se restringe, por qué y con qué alcance. 10
La IA cambia el problema: del enlace a la respuesta
Un buscador tradicional muestra enlaces y fragmentos que permiten acceder a otras páginas. Un servicio con inteligencia artificial generativa puede elaborar una explicación a partir de fuentes recuperadas, de patrones adquiridos durante su entrenamiento o de una combinación de ambos. Por eso, bajo una misma marca pueden coexistir funciones jurídicamente diferentes.
Como desarrollé en “Inteligencia artificial y Web: de buscar información a delegar tareas”, conversar con una respuesta modifica nuestra relación con las fuentes: podemos recibir una síntesis convincente sin advertir qué documentos la sostienen ni qué interpretaciones agregó el sistema. En materia de reputación, esto vuelve especialmente relevante comprobar cómo se construyó la afirmación sobre una persona. 11
Imaginemos que una noticia informó correctamente que un profesional estaba siendo investigado. Años después, una IA afirma que fue condenado, aunque hubo un sobreseimiento. En este ejemplo hipotético, el reclamo no consiste simplemente en ocultar una noticia antigua: también cuestiona una afirmación nueva que altera los hechos. Lo mismo sucede si el sistema confunde a dos personas con nombres similares.
El Comité Europeo de Protección de Datos abordó este problema en su informe de 2024 sobre ChatGPT. Señaló que la naturaleza probabilística del sistema puede producir información inventada y que los usuarios pueden interpretarla como verdadera. También indicó que las advertencias sobre posibles errores no bastan, por sí solas, para cumplir el principio de exactitud de los datos. Es una referencia comparada, referida al marco europeo y a investigaciones entonces en curso. 12
A mi entender, esta diferencia obliga a revisar con cuidado el argumento de la intermediación. Cuando el servicio formula una afirmación sobre una persona, debemos examinar su participación en ese resultado. El criterio aplicado a enlaces hacia contenidos ajenos no resuelve automáticamente la responsabilidad por una respuesta que combina, transforma o inventa información.
Esto tampoco establece responsabilidad automática por cualquier error de IA. Será necesario estudiar el funcionamiento concreto, los sujetos intervinientes, la conducta cuestionada, el daño y la relación causal, además del régimen aplicable. Una respuesta generada no queda jurídicamente explicada con la sola frase “lo publicó un tercero”.
¿Puede una inteligencia artificial olvidar un dato?
La respuesta depende de dónde esté la información. Si el sistema consulta una base documental, puede ser necesario corregir o retirar el documento y revisar sus índices. Si recupera una página de Internet, habrá que examinar la fuente y el mecanismo de recuperación. Si la información proviene del entrenamiento, el problema técnico cambia.
En “Cómo funciona la inteligencia artificial moderna: del entrenamiento a la respuesta” expliqué que el entrenamiento, el contexto de una conversación y la memoria que pueda ofrecer un producto son mecanismos distintos. Esa distinción ayuda a precisar qué queremos corregir o suprimir: un mensaje guardado, un documento consultado y la influencia de datos en los parámetros del modelo requieren intervenciones diferentes. 13
Los modelos de lenguaje no funcionan simplemente como una carpeta de fichas personales que puedan borrarse una por una. La investigación sobre “desaprendizaje automático” estudia cómo reducir o eliminar la influencia de determinados datos en modelos entrenados, con dificultades de evaluación y posibles efectos sobre otras capacidades. No existe una equivalencia sencilla entre borrar un archivo y lograr que un modelo deje de producir cierta información. 14
Bloquear una respuesta tampoco demuestra que el dato haya desaparecido del modelo. Puede haberse incorporado un filtro que impide mostrarlo. La medida puede ser útil para reducir una exposición, pero su eficacia debe evaluarse según el objetivo del reclamo y los resultados que realmente consigue.
Considero que la dificultad técnica debe informar el alcance de las medidas y su verificación. Una solución puede requerir combinar correcciones en las fuentes, restricciones de recuperación y controles de salida. La complejidad merece una explicación concreta, y la protección prometida necesita poder comprobarse.
Qué debe analizarse antes de reclamar
El primer paso es identificar el resultado cuestionado. En un buscador, importan la consulta realizada, los enlaces y el contenido de destino. En una IA también conviene preservar la consigna, la respuesta completa, la fecha, las fuentes mostradas y, cuando esté disponible, la identificación del sistema. Una respuesta puede cambiar entre consultas; documentar lo ocurrido ayuda a definir el objeto del planteo.
Luego corresponde precisar la lesión: falsedad, desactualización, confusión de identidad, divulgación de información íntima o permanencia de información verdadera cuyo acceso se pretende restringir. También deben valorarse el interés público, el contexto, el carácter público o privado de la persona y el alcance de la difusión. La antigüedad puede importar, pero no ofrece una solución universal.
El destinatario del reclamo también cambia. Quien publicó la información, quien administra una base de datos, quien opera un buscador y quien ofrece un servicio generativo pueden tener intervenciones y obligaciones diferentes. Una petición eficaz debe relacionar la medida solicitada con aquello que cada sujeto controla.
Cuando resulte aplicable la Ley 25.326, su artículo 16 fija un plazo máximo de cinco días hábiles para la rectificación, supresión o actualización en las condiciones allí previstas. Ese plazo no debe presentarse como una regla universal para toda solicitud dirigida a una plataforma ni como garantía de eliminación de noticias. 2
Cuando la difusión ilegítima amenaza con producir un daño o continúa agravándolo, puede evaluarse una acción preventiva y, si existe urgencia, solicitar una medida cautelar mientras se tramita el proceso. Los artículos 52 y 1710 a 1713 del Código Civil y Comercial ofrecen fundamento para la protección preventiva de los derechos personalísimos. La acción preventiva no exige demostrar un factor de atribución, como la culpa; la cautelar, por su parte, requiere acreditar los presupuestos procesales correspondientes. Su procedencia debe analizarse en las circunstancias del caso. 3
Por ejemplo, ante una vinculación falsa del nombre de una persona con sitios de contenido sexual, puede solicitarse el bloqueo provisional de resultados concretamente identificados. La petición debe explicar por qué esa vinculación es ilegítima y por qué la demora podría agravar el perjuicio. También debe precisar las direcciones web cuestionadas y justificar una medida proporcionada: bloquear un resultado en el buscador no equivale a eliminar la publicación del sitio de origen. La protección urgente debe compatibilizarse con la libertad de expresión y evitar restricciones genéricas sobre contenidos lícitos. 6
Conclusión
El derecho al olvido expresa una preocupación comprensible: que una persona no quede reducida indefinidamente a un episodio de su pasado. Esa preocupación debe convivir con otra necesidad igualmente legítima: preservar la información que permite conocer hechos de interés público, reconstruir responsabilidades y discutir nuestra historia. En Argentina, “Denegri” muestra por qué la antigüedad de una publicación y el malestar que provoca no bastan, por sí solos, para justificar su desindexación en las circunstancias allí examinadas. 8
La inteligencia artificial vuelve más complejo ese equilibrio. Además de hacer accesible una noticia, puede seleccionar fragmentos, relacionarlos con otros materiales y elaborar una descripción de alguien. Una acusación antigua puede aparecer despojada de su fecha; una investigación, confundirse con una condena; un homónimo, convertirse en protagonista de hechos ajenos. En esos supuestos hipotéticos, la cuestión exige examinar la exactitud de la afirmación y el contexto que necesita para no transmitir una imagen falsa o engañosa.
A mi criterio, el análisis jurídico debe seguir ese recorrido. Importa qué información se difundió, quién intervino, qué función cumplió el servicio y qué podía hacer frente a la lesión. El estándar elaborado para un buscador que enlaza contenidos de terceros no ofrece una respuesta automática para todas las funciones generativas. La evaluación debe atender a la intervención concreta de cada sujeto y a los presupuestos del régimen aplicable.
También debemos preguntarnos qué resultado buscamos. Según el caso, puede ser pertinente corregir un dato, incorporar una actualización, restringir un acceso o hacer cesar una difusión ilegítima. Las medidas deben justificarse por su idoneidad y alcance: proteger efectivamente a la persona y preservar, al mismo tiempo, la circulación legítima de información. La prevención del daño requiere esa ponderación, que el Código Civil y Comercial recoge al exigir la menor restricción posible y el medio más idóneo. 3
La eficacia merece tanta atención como la formulación del pedido. Si un servicio afirma que corrigió una respuesta, será relevante saber qué cambió y cómo se evaluará que el error no continúe reproduciéndose. Si invoca una dificultad técnica, corresponde examinarla y considerar qué otras medidas razonables están a su alcance. Considero que una protección útil necesita mecanismos de reclamo comprensibles y resultados que puedan comprobarse.
Temístocles, según relata Cicerón, deseaba aprender el arte de olvidar. En el entorno digital, esa aspiración se enfrenta a una memoria que también está en manos de otros: sitios, buscadores y sistemas de inteligencia artificial. El desafío jurídico consiste en preservar la información legítima y ofrecer protección efectiva frente a falsedades, distorsiones y exposiciones ilegítimas. Recordar el pasado de una persona exige respetar lo que realmente ocurrió; protegerla exige reconocer cuándo esa difusión vulnera sus derechos. 1
Notas y referencias
- ↩a ↩b Marco Tulio Cicerón, De finibus bonorum et malorum (Sobre los fines de los bienes y los males), libro II, apartado 104. Anécdota sobre Temístocles y su preferencia por el arte del olvido. Texto latino consultado en The Latin Library; traducción propia del pasaje citado. https://www.thelatinlibrary.com/cicero/fin2.shtml
- ↩a ↩b Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, texto actualizado, especialmente arts. 1, 4, 16 y 33. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790/actualizacion
- ↩a ↩b ↩c ↩d Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por Ley 26.994, texto actualizado, especialmente arts. 51 a 53 y 1710 a 1713. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26994-235975/actualizacion
- ↩ Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, Google Spain SL y Google Inc. c/ Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja González, asunto C-131/12, sentencia del 13 de mayo de 2014, especialmente apartados 80 a 99. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A2014%3A317
- ↩ Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos, del 27 de abril de 2016, especialmente art. 17. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
- ↩a ↩b ↩c Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios, sentencia del 28 de octubre de 2014, Fallos: 337:1174, especialmente considerandos 15 a 18 del voto mayoritario. Texto y ficha en el repositorio del Ministerio Público de la Defensa. https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/167
- ↩ Eduardo Molina Quiroga, La Corte Suprema de Justicia reitera su postura con respecto a la responsabilidad de los buscadores, La Ley, 7 de septiembre de 2021, pp. 4-8, TR LALEY AR/DOC/2533/2021. Comentario a CSJN, “M., V. R. c/ Yahoo! Argentina y otro s/ daños y perjuicios”, 24 de junio de 2021.
- ↩a ↩b ↩c Corte Suprema de Justicia de la Nación, Denegri, Natalia Ruth c/ Google Inc. s/ derechos personalísimos: acciones relacionadas, sentencia del 28 de junio de 2022, CIV 50016/2016/CS1 y CIV 50016/2016/1/RH1, Fallos: 345:482, especialmente considerandos 21 a 23. https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2022/06/DENEGRI.pdf
- ↩ Marcelo A. López Alfonsín, El derecho al olvido: una cuenta aún pendiente, en Juan Gustavo Corvalán (dir.), Tratado de Inteligencia Artificial y Derecho, tomo II, La Ley, 2023, especialmente apartados IV y V. Se cita como posición doctrinaria, diferenciada de la solución de la Corte Suprema en “Denegri”.
- ↩ Ministerio Público Fiscal de la Nación, La Corte Suprema se expidió sobre los alcances del derecho a la libertad de expresión en entornos digitales, Fiscales.gob.ar, 7 de octubre de 2026. Reseña institucional de decisiones sobre restricciones de contenidos y derechos en redes sociales. https://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/la-corte-suprema-se-expidio-sobre-los-alcances-del-derecho-a-la-libertad-de-expresion-en-entornos-digitales/
- ↩ Lucas Matías Vilaplana, Inteligencia artificial y Web: de buscar información a delegar tareas, Estudio Vilaplana Abogados, 3 de octubre de 2026, especialmente apartado “De buscar documentos a conversar con una respuesta”. https://estudiovilaplana.com.ar/2026/10/03/inteligencia-artificial-web-semejanzas-diferencias/
- ↩ Comité Europeo de Protección de Datos, Report of the work undertaken by the ChatGPT Taskforce, 23 de mayo de 2024, especialmente apartados 3.4 y 3.5. Documento de coordinación que no prejuzga las decisiones de las autoridades en cada investigación. https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-05/edpb_20240523_report_chatgpt_taskforce_en.pdf
- ↩ Lucas Matías Vilaplana, Cómo funciona la inteligencia artificial moderna: del entrenamiento a la respuesta, Estudio Vilaplana Abogados, 14 de septiembre de 2026, especialmente apartado “Del entrenamiento a la conversación”. https://estudiovilaplana.com.ar/2026/09/14/como-funciona-inteligencia-artificial/
- ↩ Shiji Zhou, Lianzhe Wang, Jiangnan Ye, Yongliang Wu y Heng Chang, On the Limitations and Prospects of Machine Unlearning for Generative AI, documento de investigación, 1 de agosto de 2024, arXiv:2408.00376. https://arxiv.org/abs/2408.00376