La inteligencia artificial puede redactar, ordenar y proponer. Pero elegir la estrategia adecuada —y responder por sus consecuencias— sigue siendo una decisión humana.
La IA ante el umbral: las dos caras de Jano
En los últimos años, la inteligencia artificial se instaló en la vida cotidiana y los abogados no quedamos al margen. Hoy, herramientas de uso general y sistemas diseñados específicamente para el ámbito jurídico pueden redactar escritos, acuerdos, cartas documento e informes en cuestión de segundos.
El punto central de este artículo no consiste en discutir si la inteligencia artificial puede producir un texto jurídicamente correcto. Muchas veces puede hacerlo. La cuestión verdaderamente importante es otra: un texto que parece correcto no es lo mismo que una decisión adecuada para el caso concreto. Esa diferencia separa un documento útil de otro que, con el tiempo, puede resultar inconveniente para quien lo utilizó sin comprender suficientemente sus alcances.
En otro artículo analicé por qué la información obtenida en Internet o mediante inteligencia artificial no reemplaza el asesoramiento legal profesional. Aquí propongo abordar el tema desde otra perspectiva: cómo puede incorporarse la inteligencia artificial al ejercicio de la abogacía sin delegar el criterio jurídico, la estrategia ni la responsabilidad profesional.
La inteligencia artificial nos coloca, como Jano, ante un umbral y nos invita a mirar en dos direcciones. Jano, dios romano de los comienzos, los finales y las transiciones, no impide cruzar ni decide por quien está a punto de hacerlo. Sus dos rostros funcionan como una advertencia simbólica: recuerdan que todo cambio merece atención, porque avanzar sin comprender qué se deja atrás ni qué puede encontrarse del otro lado suele tener consecuencias que solo se revelan después. El umbral puede cruzarse, pero hacerlo sin conciencia puede resultar caro.
Una de las caras de la IA abre posibilidades: acelera el trabajo, organiza información y ofrece respuestas valiosas. La otra nos recuerda el riesgo de avanzar sin comprender suficientemente la herramienta: respuestas convincentes construidas sobre premisas equivocadas, datos incompletos o soluciones inconvenientes para la situación real. Ambas pueden presentarse con la misma apariencia de seguridad. Sin conocimiento suficiente, resulta difícil distinguir una respuesta verdaderamente útil de otra que solo parece serlo.
Yo también uso inteligencia artificial
La uso de forma habitual para preparar borradores, explorar líneas jurisprudenciales, revisar documentos, comparar alternativas y pensar en voz alta cuando un caso no termina de cerrarme. Como herramienta de apoyo, funciona sorprendentemente bien: es rápida, ordenada y, muchas veces, propone enfoques innovadores que difícilmente habríamos considerado sin su intervención.
Incorporar la inteligencia artificial al trabajo profesional no significa aceptar automáticamente sus resultados, sino aprender a utilizarla, supervisarla y dirigirla con criterio. Mo Gawdat (ex director ejecutivo de Google) resume el escenario con una frase particularmente clara: “La IA no sustituirá a los seres humanos, pero las personas que la usen con astucia sustituirán a las que no”.1 En el ámbito jurídico, la diferencia no estará solamente entre usar o no usar inteligencia artificial, sino entre emplearla con criterio profesional o aceptar sus resultados sin comprenderlos ni verificarlos.
Por eso la utilizo como lo que es: un asistente que multiplica mi capacidad de trabajo, no un reemplazo de mi criterio profesional. Toda norma, sentencia, cita o dato relevante sugerido por una IA debe ser comprobado en su fuente original antes de utilizarse profesionalmente.
Después de usarla intensamente durante estos años, aprendí algo que considero decisivo para entender por qué sigue siendo indispensable el criterio de un abogado: el problema no es solamente que la inteligencia artificial pueda equivocarse. El problema más profundo aparece incluso cuando acierta.
El mito de la respuesta perfecta
Mucha gente cree que la única limitación de la inteligencia artificial es que “todavía falla un poco” y que, cuando sea lo suficientemente precisa, reemplazará el criterio de un abogado. No estoy tan seguro. Aun cuando la IA produzca una respuesta jurídicamente correcta —e incluso cuando la mejor alternativa esté entre las opciones que ofrece—, el trabajo más difícil puede no haber comenzado.
Para obtener una respuesta jurídicamente útil, la consulta debe estar formulada por alguien capaz de identificar el problema, aportar los hechos relevantes, establecer límites y evaluar críticamente el resultado. No hace falta ser especialista en programación, pero sí conocer la materia sobre la que se pregunta y saber qué información puede modificar la respuesta. Una consigna incompleta puede generar una respuesta impecablemente redactada y, sin embargo, construida sobre un caso que no existe.
Una cosa es que una alternativa correcta aparezca en un listado de posibilidades. Otra muy distinta es determinar cuál conviene para este cliente, frente a esta contraparte, en este momento y dentro de este contexto. Elegir entre varias opciones técnicamente defendibles sigue requiriendo una decisión humana responsable.
Lo que un algoritmo difícilmente puede captar por completo
La inteligencia artificial trabaja con datos, patrones y probabilidades, y lo hace cada vez mejor. Sin embargo, existe información que rara vez aparece completa y ordenada en una base de datos y que, aun cuando pudiera registrarse, necesita ser interpretada dentro de un contexto humano concreto.
Está, por ejemplo, el humor social y económico del momento. Hay épocas en las que reclamar agresivamente un derecho puede ser la estrategia adecuada y otras en las que esa misma conducta genera un rechazo que termina perjudicando al cliente. Eso no se desprende solamente del Código Civil y Comercial u otra normativa: también se percibe en el terreno.
También cuenta el funcionamiento real de juzgados y organismos. Cada dependencia tiene, además de sus reglas, prácticas y ritmos propios. Hay funcionarios que valoran un planteo breve y otros que desconfían de lo que parece demasiado simple. Existen plazos formales y tiempos reales; canales previstos y maneras más eficaces de encauzar legítimamente una gestión. Esa experiencia se adquiere ejerciendo.
A ello se suman las costumbres de negociación, los códigos de determinados sectores y la lectura del comportamiento de las personas. A veces conviene esperar antes de enviar una carta documento; otras, una llamada permite entender un desacuerdo que un escrito solo agravaría. No se trata de intuición mágica, sino de experiencia acumulada, observación y juicio profesional.
Existe, además, un problema de explicabilidad: no siempre es posible reconstruir de modo comprensible el recorrido que llevó a un sistema a determinada conclusión. Hay errores que pueden permanecer ocultos detrás de resultados aparentemente correctos desde una mirada abstracta de un conflicto, pero que necesitan la mirada y el filtro de un ser humano para poder ser advertidos. En el derecho, una recomendación no debería aceptarse por el solo hecho de provenir de un sistema sofisticado o de estar formulada con seguridad. Debe poder examinarse, discutirse y, cuando corresponda, rechazarse.
Ninguno de estos factores es menos serio que el análisis técnico. Muchas veces son los que definen si una estrategia jurídicamente impecable termina siendo un éxito o un fracaso.
Cuando lo perfecto no es lo mejor
La transformación tecnológica no tiene un objetivo idéntico para todos: incorporar una tecnología no significa entregarle todas las decisiones, sino determinar para qué sirve, en qué etapa conviene emplearla y qué límites no debe atravesar.
Como abogado, veo esto todos los días. Un acuerdo puede estar redactado sin errores y aun así ser inconveniente para quien lo firma si distribuye mal los riesgos, impide una renegociación necesaria o no contempla la dinámica real del negocio. Un escrito judicial puede citar la normativa exacta y la jurisprudencia pertinente, pero no ser la jugada adecuada si el objetivo se alcanzaría mejor mediante una audiencia o una presentación más breve. Una respuesta puede ser impecable en abstracto y desastrosa en concreto si ignora que la contraparte necesita sentirse escuchada antes de ceder.
La inteligencia artificial puede ofrecer diez versiones de un contrato, diez estrategias para un escrito o diez enfoques de negociación. Es posible que entre ellos se encuentre el mejor. Pero identificarlo, ponderar sus consecuencias y descartar alternativas que también parecen correctas exige conocimiento jurídico, experiencia y comprensión del caso.
De lo contrario, podríamos quedar ante una situación paradójica: la respuesta adecuada quizás esté efectivamente entre las posibilidades ofrecidas por la inteligencia artificial, pero todavía sea necesario descubrir cuál es. La elección no puede convertirse en una especie de juego de cubiletes de kermés, en el que sabemos que la bola está debajo de uno de ellos, pero debemos adivinar cuál levantar. En el derecho, elegir la alternativa equivocada no significa simplemente perder una partida: puede producir consecuencias jurídicas y patrimoniales perjudiciales, generar la pérdida de derechos o cerrar caminos que después resulten muy difíciles —y en algunos casos imposibles— de recuperar, incluso con la mejor asistencia profesional especializada.
Por eso, no alcanza con que la inteligencia artificial incluya la respuesta correcta dentro de un conjunto de opciones. El verdadero trabajo profesional consiste en reconocerla, comprobar que se corresponde con los hechos, evaluar sus consecuencias y determinar si es la más conveniente para la persona y el momento concretos.
La IA propone. El humano decide.
¿Significa esto que, si la decisión continúa en manos del ser humano, estamos retrocediendo en la aplicación de la tecnología al derecho? No. Todo lo contrario.
Como vengo señalando a lo largo de este artículo, la inteligencia artificial bien utilizada puede mejorar la calidad del trabajo profesional: amplía el abanico de alternativas, permite explorar enfoques que quizás no habrían sido considerados y ayuda a encontrar nuevas formas de abordar un conflicto. Pero, utilizada sin conocimiento ni supervisión, puede convertir la elección en un simple juego de azar entre respuestas aparentemente convincentes. Y, en algunos casos, el riesgo es todavía mayor: la alternativa adecuada puede no encontrarse siquiera entre las opciones ofrecidas.
La finalidad es utilizar la inteligencia artificial para generar, comparar y evaluar posibilidades, no para transferirle la decisión. Elegir una estrategia exige ponderar riesgos, anticipar reacciones, interpretar el comportamiento de las partes, comprender el contexto económico y decidir entre soluciones que, en el papel, pueden parecer igualmente válidas, pero que en la práctica producen consecuencias muy diferentes.
Producir una respuesta no es responder por ella
Hay una diferencia esencial entre generar una respuesta y asumir responsabilidad por sus consecuencias. Un sistema de inteligencia artificial puede redactar una cláusula, sugerir una estrategia o señalar una línea jurisprudencial. Pero no comparece ante un tribunal, no explica al cliente por qué se eligió un camino, no responde profesionalmente por una omisión y no soporta las consecuencias de haber aconsejado una alternativa equivocada.
Por eso, el uso profesional de estas herramientas exige más que obtener un resultado convincente. Exige verificar la legislación y la jurisprudencia citadas, controlar la vigencia de las fuentes, detectar posibles sesgos, revisar que la respuesta se corresponda con los hechos y comprobar que la solución elegida atienda los verdaderos intereses del cliente.
La supervisión humana tampoco puede reducirse a colocar una firma mecánica al final de un texto generado por una máquina. Debe consistir en una revisión real: comprender el razonamiento, contrastar sus premisas, evaluar sus consecuencias y estar dispuesto a apartarse de la recomendación cuando el caso lo requiera.
La IA puede participar en la elaboración de una decisión. La responsabilidad por adoptarla continúa siendo humana.
En conclusión
En lo personal, no tengo prejuicios frente a la tecnología. La incorporo para optimizar procesos, acelerar investigaciones, revisar documentos, detectar inconsistencias y explorar alternativas que quizás no habría considerado por mi cuenta. Me ahorra tiempo y, utilizada con método, puede hacerme mejor profesional.
Pero no delego la parte central del trabajo: definir el problema, verificar las fuentes, comprender el contexto, elegir la estrategia y asumir la responsabilidad frente al cliente. Esa elección se apoya en años de tribunales, negociación, estudio, conocimiento de personas y también en los errores que enseñan qué conviene evitar.
La tecnología puede ayudarme a encontrar muchas respuestas plausibles. Decidir cuál es la más adecuada para esta persona, en este momento y dentro de este contexto sigue requiriendo criterio jurídico y responsabilidad profesional. Esa diferencia puede cambiar por completo el resultado de un caso.
La inteligencia artificial no es una amenaza inevitable para la abogacía ni una varita mágica. Es una herramienta extraordinaria que multiplica la velocidad y la capacidad de trabajo: acelera investigaciones, ordena ideas, detecta errores y propone caminos que a veces uno mismo no ve. Negarlo sería desconocer una transformación que ya está ocurriendo.
Pero redactar bien nunca fue lo más difícil de esta profesión. Lo difícil empieza cuando el texto perfecto queda sobre el escritorio y hay que decidir si conviene enviarlo hoy o esperar, si corresponde ser contundente o dejar una puerta abierta, si una posición firme será recibida como fortaleza o como provocación, y si la solución jurídicamente disponible coincide con el interés real del cliente.
Por eso, cuando me preguntan si la inteligencia artificial reemplazará a los abogados, respondo que transformará profundamente la profesión y reducirá el valor de muchas tareas puramente mecánicas. Pero no elimina la necesidad de profesionales capaces de formular el problema, verificar la información, comprender el contexto, elegir entre alternativas y hacerse responsables de la decisión.
Mi compromiso, como abogado, no es competir con la tecnología ni ignorarla. Es utilizarla con la misma seriedad que cualquier otra herramienta: aprovechar al máximo lo que hace bien, controlar sus riesgos y no delegarle aquello que un cliente realmente contrata cuando consulta a un profesional: criterio, estrategia y responsabilidad.
Referencias
- Gawdat, Mo, La inteligencia que asusta, p. 121.