En una decisión reciente que comienza a generar impacto en el fuero laboral, un juzgado nacional del trabajo (Juzg. Nacional de 1ra instancia Nro. 21, Causa Nº: 52318/2022) abordó un tema sensible: ¿pueden las empresas pagar indemnizaciones en cuotas tras una sentencia firme?
En este caso, la respuesta fue clara.
El caso
Una trabajadora despedida inició juicio laboral y, luego de atravesar todo el proceso —con sentencias de primera y segunda instancia—, obtuvo el reconocimiento de su crédito.
Al momento de efectivizar el cobro, la empleadora solicitó pagar la condena en cuotas, invocando la reforma introducida por la Ley 27.802, que habilita la cancelación de sentencias en hasta 6 o 12 cuotas según el tipo de empresa.
El tribunal desestimó el planteo y se aprobó la liquidación.
Fundamentos principales
La decisión se apoya en una serie de argumentos que, en conjunto, refuerzan la protección del crédito laboral. En primer lugar, destaca su naturaleza alimentaria, ya que la indemnización está directamente vinculada a la subsistencia del trabajador. A ello se suma su condición de sujeto de preferente tutela constitucional, lo que impide colocarlo en una situación de desventaja frente al empleador. En este marco, el tribunal advierte que el pago en cuotas dilata el cobro y afecta el acceso efectivo al crédito, sin que exista una justificación razonable para otorgar ese beneficio a la parte demandada. También señala que se ve comprometido el derecho de propiedad, al limitar la libre disponibilidad de una suma ya reconocida judicialmente, y la garantía de tutela judicial efectiva, que exige que las sentencias se cumplan de manera íntegra y en un plazo razonable.
Como dato especialmente relevante, se tuvo en cuenta que la trabajadora llevaba más de tres años esperando percibir su crédito.
Resolución
En función de lo expuesto, el juzgado resolvió:
- Declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del régimen de pago en cuotas en el caso.
- Ordenar el pago del crédito en un solo acto.
- Intimar a la demandada a cumplir en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ejecución.
Conclusión
Este pronunciamiento no es un caso aislado: marca un punto de inflexión en la aplicación de la reciente reforma laboral y anticipa un escenario de fuerte debate judicial. Lo que está en juego es mucho más que la forma de pago de una indemnización. El fallo deja en claro que las reformas legales no son inmunes al control de constitucionalidad, especialmente cuando impactan en derechos laborales. La posibilidad de pagar en cuotas, aunque prevista por la ley, no puede aplicarse de manera automática si en el caso concreto implica dilatar el cobro, afectar la efectividad del crédito o colocar al trabajador en una situación de mayor vulnerabilidad.
En este contexto, se pone en evidencia una tensión central del derecho laboral actual: por un lado, las políticas orientadas a aliviar la carga de las empresas; por el otro, la protección del trabajador como sujeto de preferente tutela constitucional. El tribunal toma una posición clara: esa protección no puede ser sacrificada sin una justificación constitucional suficiente. Y agrega un aspecto clave que muchas veces se subestima: no alcanza con que el crédito sea reconocido judicialmente, sino que debe poder cobrarse de manera íntegra y oportuna. Después de años de litigio, imponer un pago en cuotas no solo prolonga el perjuicio, sino que desnaturaliza la finalidad reparadora de la indemnización.
En definitiva, la señal es contundente: no todo mecanismo de alivio empresarial es constitucional si compromete derechos fundamentales del trabajador, y la validez de estas reformas dependerá, en última instancia, de su impacto real en cada caso concreto.